Por Arturo Soto Munguia

Ayer hubo una nueva jornada informativa por parte de funcionarios del gobierno federal a cargo de la administración de la contingencia ambiental provocada en el Río Sonora tras el derrame tóxico de la Minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México.

Entre las noticias más relevantes destaca la del levantamiento al 100 por ciento de la restricción para el consumo humano, del agua de los pozos, así como para la producción agropecuaria.

Como se recordará, Grupo México aportó 2 mil millones de pesos para atender a través de un fideicomiso, los trabajos de remediación ambiental, y el apoyo a productores de la zona y habitantes en general, que resultaron afectados en sus actividades cotidianas.

Hasta hoy se ha dispuesto de 328 millones de ese fideicomiso; 72 millones de ese monto orientados a la reactivación de comercios y pequeños productores de los siete municipios afectados; además, cada ama de casa en la zona recibirá un pago de 15 mil 350 pesos, como pago por acarreo y potabilización de agua en sus domicilios.

Otros datos los podrá encontrar el ecológico lector, la ambientalista lectora, en nota aparte en este su portal favorito www.elzancudo.com.mx

Durante la rueda de prensa ofrecida por los funcionarios federales, destacó la ausencia de sus homólogos estatales, lo cual no es de extrañar habida cuenta la ruta de confrontación que abrió desde el inicio del conflicto entre ambos niveles de gobierno, que incluyó la exigencia del gobernador de Sonora  para que el presidente “sacara del estado” a sus delegados federales.

Eso no sólo no sucedió, sino que en los días posteriores se exhibieron las grandes propiedades de Guillermo Padrés en la región, incluyendo un rancho con 350 hectáreas de nogal y una presa particular que terminó sospechosamente destruida y ya forma parte del anecdotario de la corrupción y los negocios chuecos en el actual sexenio.

Aunque han tratado de convencer sobre la voluntad de trabajo coordinado, en realidad los funcionarios estatales y federales se mascan, pero no se tragan, como se dice coloquialmente.

No es para menos. A diario se documentan casos de condicionamientos de apoyos, de una selección partidista para entregarlos y la consecuente marginación de aquellos que no militen en el PAN, partido que gobierna seis de los siete pueblos afectados (la excepción es Baviácora).

Ayer mismo, llegaron a este espacio varias denuncias en este sentido, procedentes de Aconchi, donde el alcalde Pedro Armando Lugo está presionando a los habitantes del municipio, para ‘cobrarse a lo chino’ la totalidad de los adeudos que tengan con el organismo operador municipal, una vez que se le entreguen los 15 mil 350 pesos del Fideicomiso Río Sonora, mencionados líneas arriba.

Y es que esos recursos habrán de ser entregados una vez que los ciudadanos se registren ante el organismo operador que, presumiblemente, será el que entregue los apoyos.

Pero hay muchos casos en que, por alguna u otra razón los usuarios han caído en mora, sobre todo personas de la tercera edad, jubilados, pensionados o desempleados, a quienes el alcalde pretende arrancar buena parte del cheque que les será entregado.

Tal es el caso de la señora Luz Mercedes Bustamante López, que debido a su situación de pobreza ha ido acumulando un adeudo que llega ya a siete mil pesos por consumo de agua.

Para el alcalde, los recursos del fideicomiso aparecen como una oportunidad dorada para sanear las finanzas del organismo operador, cuya crisis no nació con el desastre ecológico en el Río Sonora, sino que es una situación que se arrastra desde hace años y que hoy, cómodamente pretende ser subsanada, tomando el dinero que le corresponde a los ciudadanos por los daños causados tras el derrame tóxico.

El caso de Luz Mercedes no es el único. Al menos otros tres acompañan esta denuncia, con montos que van entre los 3 y los cuatro mil pesos, y que corresponden a gente de muy escasos recursos, para quienes esas cantidades son vitales.

Pedro Armando Lugo, el alcalde de Aconchi no sólo saltó a la fama recientemente por un escándalo en el que participó durante las fiestas tradicionales de Huépac, hasta donde acudió para protagonizar un zafarrancho que lo habría hecho dormir en las celdas de ese municipio.

También tuvo su momento de fama durante una reunión en el Congreso local, cuando quiso increpar a Lupita Gracia Benítez, diputada de ese distrito que no lo dejó ni terminar su perorata, propinándole la regañada pública de su vida, que terminó por dejarlo hundido en su asiento.

Por cierto, y a propósito de Lupita Gracia, la diputada demostró ayer que no sólo sabe defender con pasión a sus representados en su distrito, o en las filas de la CTM a la que pertenece, sino que es consecuente con una lucha que viene dando desde hace muchos años, a favor de las personas con diversas discapacidades.

Gracias Benítez ha sido pieza clave en el Congreso a la hora de impulsar iniciativas para orientar recursos a escuelas especiales y centros de atención para niños y niñas con discapacidad.

Esta vez, la legisladora presentó junto a sus compañeros Rossana Coboj García y Luis Alejandro García Rosas, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 5º. De la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.

El Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, es un síndrome que no permite a niños y jóvenes desarrollarse a plenitud académica y socialmente por lo que requieren que en la Ley de Integración Social sean tomados en cuenta, argumentó la diputada Lupita Gracia.

Gracia Benítez explicó que actualmente el TDA y TDAH no está clasificado como discapacidad, pero en el transcurso del tiempo se ha manifestado el incremento de casos en jóvenes que padecen este síndrome.

“Es un trastorno que no les permite desarrollarse plenamente, con esta iniciativa lo que estamos buscando es que quede dentro de la Ley de Integración Social en el artículo 5º. que quede como discapacidad y los jóvenes con TDA gocen de los beneficios que les brinda esta ley”, aseveró la diputada.

“Debemos trabajar para bajar recursos para que ellos puedan tener una atención especial, puedan aprender en un entorno que los entienda y encause, puedan desarrollarse y tener un futuro”, concluyó la diputada Lupita Gracia.

Y ya que tocamos el punto, acusamos recibo de una llamada de parte de Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de la Fundación Ayudo y Me Gusta, para informar que sigue apoyando a las familias sonorenses, ofreciendo operaciones de cataratas para aquellas personas que las necesiten.

Estas operaciones son patrocinadas por amigos y serán destinadas a mil sonorenses que vivan en las colonias enlistadas en el padrón de la Fundación. Los interesados e interesadas pueden acudir a los centros regionales ubicados en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado, o bien comunicarse a las oficinas centrales en Hermosillo al teléfono 212 23 64.

Mayor información también puede ser consultada en el sitio http://www.fundacioncanovelez.org/  

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