Durante el pasado bloqueo carretero en Ures se cometió otro abuso más contra los habitantes del contaminado Río Sonora, al ser detenidos por la Policía Federal tres manifestantes y trasladados a Nayarit.

La CEDH una vez más demostró que no sirve para nada, al avalar el desalojo policiaco de la carretera sin importar que los federales se hubieran llevado detenidos de manera arbitraria a tres manifestantes, y que hayan golpeado a otros tantos durante la acción policiaca.

De manera increíble, la CEDH justificó la detención con excesiva fuerza de un manifestante argumentando de manera estúpida que medía casi dos metros y pesaba 150 kilos.

“Uno de los detenidos, medía alrededor de un metro 90, pesando un poco más de 150 kilos, una persona fuerte y joven, diez elementos tuvieron que someterlo porque no podían con él”, declaró el  visitador de la CEDH Alejandro Valenzuela, quien en lugar de defender al detenido justifica el uso de la fuerza de diez policías para someterlo.

Pero nada dice la solapadora CEDH de los tres vecinos de Ures que fueron detenidos, y de manera abusiva y arbitraria trasladados a un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y no unos simples ciudadanos que exigían atención del Fideicomiso del Río Sonora.

Ahora, los vecinos de los siete municipios del Río Sonora afectados por los desechos tóxicos pasaron de ser víctimas a criminales de alta peligrosidad.

Los detenidos son Juan Francisco Maldonado, Raúl Contreras y Eligio Figueroa, quienes fueron consignados por obstrucción de las vías de comunicación y trasladados en horas de la madrugada a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit.

Ahora, los afectados por el derrame tóxico minero, andan más preocupados por conseguir los 105 mil pesos que les piden de fianza para liberar a los tres vecinos detenidos, que en lograr que el Fideicomiso les reanude las compensaciones económicas por los daños causados por la contaminación minera.

Mientras que la policía federal hace uso excesivo de la fuerza contra los afectados por la contaminación minera en el Río Sonora, en Vícam se reanudó el bloqueo carretero que se viene realizando desde hace meses sin que haya un solo detenido por obstrucción de las vías de comunicación.

Los únicos dos yaquis detenidos son por los delitos de secuestro, pero ya no tardan en ser liberados al ganar un amparo de la justicia federal. Como vemos, para la PGR hay sonorenses de primera y de segunda. Por un lado solapa los bloqueos yaquis y por otro lado reprime con abuso de poder a los manifestantes del Río Sonora.

Lo peor de todo es que los sonorenses andan más preocupados por detener al “mataperros” de Hermosillo, que en protestar por el abuso en la detención de los tres manifestantes de Ures, quienes además sufren del abuso por partida doble porque de manera ilegal fueron trasladados a Nayarit.

Hasta el momento, las protestas por la arbitraria detención se han hecho públicas por familiares de los detenidos, y por el alcalde de Aconchi, Pedro Armando Lugo López, quien condenó que la policía federal se haya ido en contra de personas inocentes en lugar de detener a las personas ajenas al Río Sonora que se han aprovechado de la situación para agitar en la región.

De igual forma, el alcalde cuestionó tanto al gobierno federal como al estatal por solapar las arbitrariedades y hasta a su propio partido, el PAN, por dejar solo a los afectados frente a la emergencia en el Río Sonora y solo buscará sacarle provecho político en la elección del 7 de junio. Vóitelas

DAN LARGAS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO

Tras el desalojo carretero en Ures, las autoridades federales lograron un acuerdo de paz con los afectados por la contaminación minera quienes demandan que se reactiven los pagos que están suspendidos por el Fideicomiso por la veda electoral que prohíbe entregar apoyos.

Desde luego que el gobierno federal no violará la veda electoral entregando recursos económicos, pero en cambio les prometió reactivar la perforación de pozos y el abasto de agua potable en los siete municipios afectados.

El asunto prioritario para los afectados es la reanudación de los pagos suspendidos desde hace dos meses, pero eso no lo verán hasta después de la elección, pues el delegado de la secretaría de Gobernación Adolfo García Morales se comprometió a verificar cerca de cuatro mil expedientes de resarcimiento de daños por la contaminación en el Río Sonora, por lo que la revisión para entregar las compensaciones económicas podría terminar en Navidad. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)