A un año de que concluya el plazo que determinó el gobierno federal para dar un vuelco a la forma de impartir justicia en México, ¿qué ha pasado con la implementación de este Nuevo Sistema de Justicia Penal y los órganos responsables en nuestro estado?

Un camino de siete años hemos recorrido desde que comenzó la instalación de este nuevo sistema con la Reforma Constitucional de 2008. Muchas preguntas están en el aire, pero no se puede negar que hay avances importantes.

El mayor obstáculo sigue siendo superar vicios casi inherentes a la impartición de justicia, fallas procesales y humanas profundamente arraigadas.

El primer objetivo planteado fue construir una nueva base legal para cambiar radicalmente la forma de impartir justicia: más rápida y expedita; pero también con mayores garantías para juzgadores y juzgados, para víctimas y procesados.

A la fecha seis estados operan ya en forma total con este nuevo sistema de impartición de justicia, claro está, con mucho qué mejorar en la práctica; 24 lo hacen de forma aún parcial; y Sonora y Baja California Sur son los dos estados en los que aún no se inicia esta transformación.

Es de destacar la importante dinámica de colaboración entre sociedad civil organizada, ciudadanos y autoridades para llegar a donde hemos llegado, pero la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales no cambia por sí sola la realidad de la impartición de justicia en México y sus grandes deficiencias.

Para alcanzar esa meta es necesario determinar medidas complementarias; mayor voluntad y organización son indispensables.

En todo este nuevo entramado que no acabamos de desenredar y nos llevará todavía bastante tiempo para ello, están desde policías municipales, estatales y federales, ministerios públicos, acusados, víctimas, otros involucrados en el desarrollo de pruebas y defensa, y lo que resulte en el camino.

Y lo primero que habría que ver es: si estamos cumpliendo el objetivo en los estados donde ya aplica este nuevo modelo.

Por ejemplo en Oaxaca, estado donde opera este nuevo sistema, la práctica protege el derecho a la reparación del daño de la víctima, pero lo reserva a una segunda fase después de la ejecución de sentencia por dar celeridad al proceso. Entonces sigue siendo el castigo y no la reparación el criterio dominante.

En Durango, según los primeros resultados, se lograron reducir de 180 a 34 días la duración promedio de un juicio, pero aún no hay estudios que muestren el grado de eficiencia en cuanto a mayor justicia.

De modo que más allá del tiempo que nos estamos tardando, si cumplimos o no con implementar este nuevo sistema en la fecha record establecida, debe preocuparnos los pendientes que aún hay en el proceso, dudas de las mismas autoridades y partes involucradas, como por ejemplo:

1. Una ley contra la Delincuencia Organizada para que se juzgue con criterios distintos entre quienes cometen delitos menores o forman parte de grupos delincuenciales con un daño mayor a la sociedad, es petición de la sociedad civil organizada.

2. La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución, que promueve la solución de conflicto mediante la conciliación y acuerdos entre las partes para evitar recurrir a un juicio en casos específicos donde sea posible. Aún no existe y el nuevo sistema la contempla.

3. Proceso de capacitación, certificación, profesionalización, homologación de protocolos a través de manuales. El papel del primer policía en llegar a la escena del delito es primordial en la cadena de custodia y no hay claridad en este punto.

4. Los huecos procedimentales en la coordinación entre policías y Ministerio Público.

5. Mejorar las condiciones profesionales y laborales de las policías, garantías para todos.

En resumen:

Si no se solventan las deficiencias técnicas de implementación, delimitan facultades y unifican criterios, difícilmente el Nuevo Sistema de Justicia Penal operará adecuada y eficientemente ya sea en junio de 2016 o en cualquier otra fecha.

Impartir justicia con mayores garantías es el fin último y no sólo la prontitud, aunque es parte de una mejor impartición

Vamos por un cambio jurídico, pero sobre todo cultural. El combate a la impunidad y la aplicación de justicia es la única garantía de desarrollo en cualquier sociedad.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.