2014
Investigan a 3 funcionarios del Estado por extorsión
     

Por: Gabriel Benitez

HERMOSILLO, 30 de Octubre.- La Contraloría General del Estado, confirmó los procesos de investigación penal y administrativo, que ya se llevan a cabo en contra de tres funcionarios públicos que son acusados de extorsión.

La titular de la Contraloría en Sonora, Guadalupe Ruiz Durazo, señaló que se trata de José Ángel Calderón Piñeiro, quien ya renunció al cargo de director de Responsabilidades de esta dependencia, así como Gregorio Ramírez del Consejo de Promoción Económica y Roberto Díaz Rodríguez, quien es agente del ministerio público.

Cabe mencionar que la demanda que se hizo en contra de dichos funcionarios, fue en relación a que extorsionaban económicamente a personas, entre empresarios y mismos funcionarios públicos, para evitar que se les aplicara la ley por una denuncia que tenían en proceso.

Ante esta situación, la Contralora del Estado, manifestó que de parte de la Contraloría, se abrirán los procesos administrativos, mientras que por parte de la Procuraduría General de Justicia, se tendrá una investigación penal para deslindar responsabilidades.

Aclaró que en caso de que las investigaciones que se lleven a cabo por parte de ellos, tengan resultados sobre alguna culpabilidad, podría aplicarse una sanción administrativa e inhabilitación para dichos funcionarios.

En entrevista, añadió que hasta el momento se puede decir que son presunciones las que se presentan en estos momentos, por lo que es necesario esperar los resultados de las investigaciones en materia penal y administrativa.

“El licenciado José Ángel Calderón presentó su renuncia al cargo de director de Responsabilidades de la Contraloría, la cual le fue aceptada, por lo que de mi parte yo no condeno a nadie, debido a que se trata de una presunción, donde serán las autoridades judiciales las que llevarán a cabo las investigaciones penales”, expresó.

Dijo que al presentar su renuncia, Calderón Piñeiro es algo congruente, sin embargo no se tiene contemplado extender la investigación administrativa al resto del personal de esta área de la Contraloría, ya que primero se deben de comprobar las acusaciones que se le hacen