Cinco millones de inmigrantes en Estados Unidos dormirán desde hoy más tranquilos. El presidente Barack Obama anunciará esta noche la mayor regularización de sin papeles en Estados Unidos de las últimas décadas. Las medidas permitirán a los beneficiarios evitar la deportación y acceder a un permiso de trabajo.

Las medidas, que Obama adoptará sin el apoyo del Congreso, abren una batalla sobre los límites del poder presidencial y el futuro multiétnico de la primera potencia mundial.

El demócrata Obama tiene previsto explicar esta noche a los norteamericanos, en horario de máxima audiencia, una serie de medidas que, junto a la reforma sanitaria y a la salida de la recesión, definirán su herencia política cuando abandone la Casa Blanca en 2017.

De los cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados —la mayoría de origen latinoamericano— que podrán beneficiarse del plan de Obama, cuatro millones son padres de ciudadanos o residentes en Estados Unidos, según adelantaron, antes del discurso, fuentes de la Administración de Obama. Estas personas no son un caso insólito en este país, donde cualquier persona nacida en suelo de EE UU se convierte automáticamente en ciudadana estadounidense aunque sus padres estén en situación irregular.

Las medidas también amplían las condiciones bajo las cuales los inmigrantes indocumentados que llegaron a EE UU antes de los 16 años y viven perfectamente integrados pueden regularizar su estatus. Una medida similar de 2012 ya permitió la regularización de cerca de 600.000 jóvenes, que se conocen como dreamers o soñadores.

La medida es parcial: los beneficiarios no obtendrán un permiso de residencia definitivo, que les abriría la puerta a la ciudadanía. Al tratarse de medidas ejecutivas, el sucesor de Obama podrá revocarlas en cuanto llegue al poder.

Esta es una de las diferencias con una reforma migratoria integral, una ley del Congreso que habría transformado de manera permanente el sistema de inmigración del país. La Casa Blanca justifica las llamadas acciones ejecutivas como una respuesta a la inacción del Congreso, donde el Partido Republicano bloquea la norma. Lo que anuncie Obama es un paliativo a esta ley: más limitado y frágil, por su carácter revocable.

La ley que debatía el Congreso abría la puerta de la residencia permanente y a la ciudadanía para buena parte de los más de 11 millones de indocumentados que viven en EE UU. Con estas medidas, quedarán fuera más de seis millones, que seguirán en la penumbra legal.

La regularización de Obama deja fuera, entre otros, a los indocumentados cuyos hijos son dreamers, una reclamación de los activistas en favor de la reforma. Pero a partir de ahora su deportación no será una prioridad para las autoridades.

La prioridad, según explicaron las fuentes de la Administración de Obama, será deportar a los responsables de crímenes graves y las personas que han llegado en los últimos meses. Uno de los peligros de la iniciativa del presidente es que provoque un efecto llamada.

La llegada de decenas de miles de niños centroamericanos en el primer semestre de este año obedeció en parte a la convicción de que cuando llegaran podrían acogerse a una regularización.

Otro aspecto central del plan de Obama es facilitar a los estudiantes extranjeros de carreras tecnológicas y científicas en universidades de EE UU que se queden en este país una vez terminados los estudios. Las grandes empresas de Silicon Valley se quejan de esta fuga de cerebros a la inversa, que ayuda a competidores en el sector tecnológico de otros países.

El proceso burocrático para la regularización provisional se abrirá en los próximos meses. La última gran regularización fue resultado de una ley firmada por el republicano Ronald Reagan en 1986. Otro republicano, George W. Bush, intentó que el Congreso adoptara una ley migratoria ambiciosa, pero topó con la oposición de legisladores de su propio partido. El debate ahora se centra menos en el contenido de la reforma que en el método. Pocos discuten en Washington que las actuales leyes de inmigración no funcionan.

El Partido Republicano, reforzado por la victoria en las elecciones legislativas del 4 de noviembre, acusa a Obama de provocar una crisis constitucional al adoptar unilateralmente una reforma de tal calado. Los demócratas apelan a valores conservadores como la unidad de las familias y los beneficios económicos de la regularización. Las medidas, que beneficiarán a inmigrantes mayoritariamente hispanos, aceleran la transformación de EE UU en un país cada vez más latino