SILVIA AYUSO, El País

México vive una "tormenta política perfecta" en la que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala parece constituir la gota que ha agotado la paciencia de una sociedad hoy en día más informada y con más herramientas, gracias a las redes sociales, para manifestar su descontento y “malestar". Periodistas, analistas políticos y expertos debatieron este martes en el Centro de Estudios Estratégicos e Institucionales (CSIS) en Washington la situación que afronta el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre la mesa de discusión coorganizada por EL PAÍS y el Club de Prensa se expuso las crisis políticas —de Iguala a escándalos de corrupción— que actualmente vive el Gobierno mexicano. Pero también fueron analizados tanto la creciente interrogante económica que vive el país como la "incertidumbre" que rodea un futuro para México en el que tampoco los partidos de la oposición parecen haber sido capaces de reaccionar ni capitalizar el profundo descontento social.

La impunidad es la regla, los poderosos no pagan, no rinden cuentas en materia de derechos humanos, de corrupción

En el debate participaron Jan Martínez Ahrens, corresponsal jefe de EL PAÍS en México; el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco; José Díaz Briseño, corresponsal en Washington de MundoFox; Carl Meacham, director del programa americano del CSIS, y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, cuyo director, Juan Carlos Iragorri, moderó la charla.

El diagnóstico fue unánime: México está en pleno “cambio de ciclo” de consecuencias aún imprevisibles, con una “tormenta política perfecta” que ha opacado los esfuerzos reformistas del Gobierno y que está provocando una “crisis de confianza” en los políticos de la que no se libra ningún partido, resumió Martínez Ahrens.

La gran pregunta es si tanto el Gobierno como la oposición serán capaces de responder a un problema “estructural” que el país arrastra desde mandatos anteriores. Y todo ello de una manera capaz de convencer a una sociedad que se siente “muy pesimista” y que ha demostrado su hartazgo con una problemática que viene de lejos, con protestas cuya principal característica —y fuerza— es su transversalidad, subrayaron los contertulios.

“Lo que la sociedad mexicana quiere ver es algún tipo de rendición de cuentas efectivo”, indicó el periodista Briseño.

Vivanco, cuya organización ha sido muy dura con lo que considera una respuesta tardía del equipo de Peña Nieto a masacres como la de Iguala o la de Tlatlaya, señaló al respecto como uno de los problemas clave la falta de condenas por las desapariciones forzadas, una lacra que sufre el país desde 2006. “La impunidad es la regla, los poderosos no pagan, no rinden cuentas en materia de derechos humanos, de corrupción”, lamentó, a la par que exigió cambios reales, “no una solución de parche”.

Algo que solo ocurrirá si la sociedad mexicana sigue presionando, acotó Martínez Ahrens. “Una sociedad indignada obliga a los gobernantes a cambiar, la indignación es un motor de avance”, sostuvo.

Otro de los factores que podrían motivar una reforma profunda de las prácticas de la política mexicana que han derivado en la impunidad ampliamente reinante en el país ante atrocidades como Iguala es la presión internacional, empezando por el poderoso vecino de México, Estados Unidos. Washington “necesita estar metido de una manera un poco más explícita”, afirmó Meacham, del CSIS.

“Hace falta la presión internacional, el gobierno de Peña Nieto es muy sensible a la presión internacional de EE UU, de Europa”, coincidió Vivanco, para quien la próxima cita entre Peña Nieto y el presidente Barack Obama, el 6 de enero en la Casa Blanca, constituye la plataforma perfecta para ello.

“La mala imagen que hoy tiene Peña Nieto le duele y eso hay que capitalizarlo en una presión internacional que redunde en reformas”, reclamó