FERNANDO CAMACHO SERVÍN, La Jornada
Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México en un contexto de impunidad casi total, lo cual ha hecho del país un “enorme cementerio”, señalaron familiares de víctimas y representantes de organizaciones civiles durante las audiencias realizadas ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el contexto del 154 periodo de sesiones de dicho organismo, un grupo de familiares de personas desaparecidas –entre los que se encontraban padres de normalistas de Ayotzinapa– acudió a la ciudad estadunidense de Washington para participar en la audiencia temática Desaparición forzada e impunidad.
Ahí, integrantes de diversos colectivos que les acompañan, entre ellos los centros por la Justicia y el Derecho Internacional y los de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que este crimen de lesa humanidad se ha mantenido como una práctica constante desde la época de la llamada guerra sucia hasta la actualidad.
Aunque la audiencia no se trataba de Ayotzinapa en particular, este caso ocupó un papel central durante toda la discusión, pues los activistas lo pusieron como un ejemplo de cómo ocurren las desapariciones forzadas en México, y exigieron que este expediente no se cierre hasta no dar con el paradero de todas las víctimas.
Ante las críticas, la delegación del gobierno mexicano, encabezada por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa Gamboa, contestó que las autoridades han dado muestras de voluntad política para buscar a los estudiantes agredidos en Iguala y a todas las víctimas de desaparición forzada.
Rosalinda Salinas Durán, directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), indicó que pese a la gravedad del problema, el gobierno ha impulsado diversas medidas legales para prevenir y resolver casos de desaparición.
En ese contexto, la funcionaria dio a conocer que ya existe un protocolo de actuación homologada para atender e investigar estos delitos, el cual debe ser de aplicación nacional una vez que sea aprobado por las instancias correspondientes, y le entregó una copia a los miembros de la CIDH, aclarando que se trata de una versión preliminar del documento.
Respecto de Ayotzinapa, Salinas Durán afirmó que en este tema el gobierno ha hecho “el mayor esfuerzo en la historia de México de búsqueda de personas desaparecidas”, con un trabajo de investigación “profunda y detallada” que aún está abierto.
Pese a la labor de defensa del gobierno federal hecho por los representantes del Estado, los familiares de víctimas de desaparición subrayaron que no aceptarán las disculpas o las condolencias de las autoridades mexicanas hasta que no encuentren a sus seres queridos y les garanticen el derecho a la verdad y la justicia.
“México se ha convertido en una enorme tumba”, afirmó el activista Gabino Gómez, miembro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, al tiempo que la madre de un joven desaparecido coincidió con lo anterior al señalar que el país se ha vuelto una “macrotumba”, donde “vivimos entre los muertos”.
Al término de la audiencia, padres de los normalistas de Ayotzinapa dieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde lamentaron que el gobierno mexicano siga acudiendo a foros internacionales “a decir mentiras”, cuando en realidad no tienen un plan de búsqueda de los desaparecidos.
“Su cinismo es impresionante. Ponen cara de angustiados y hasta disculpas nos piden, cuando aquí nos tratan con la punta del pie”, denunció Mario González
