Tres de los nueve menores que de acuerdo con la PGJE fueron víctimas de una red de venta de niños ya están bajo el resguardo del Sistema DIF Sonora en albergues de la institución, informó el titular de esta dependencia, Agustín Blanco Loustaunau.

Aseguró que la institución no ha vulnerado los derechos de los pequeños, quienes son dos niñas y un niño de entre 1 y 3 años de edad, y que todos los procesos que se llevan a cabo son para salvaguardar su integridad física y emocional.

“La Procuraduría de Justicia está llevando a cabo las pesquisas y las investigaciones”, expresó, “nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos, que es lo que realmente a nosotros nos mueve y nos interesa en el momento que son puestos a disposición de nosotros”.

El pasado jueves el procurador General de Justicia del Estado, Carlos Navarro Sugich, confirmó la existencia de una red de tráfico de menores, por quienes sus padres adoptivos pagaron hasta 150 mil pesos.

“Esta fue una situación que surgió con menores que no eran del Estado”, aseveró Blanco Loustaunau, “que en ningún momento fueron puestos a disposición del Sistema DIF y de la Procuraduría del Menor y la Familia”.

Declaró que Vladimir Arzate Carbajal, ex coordinador de la Línea Protege de la dependencia estatal y señalado por la PGJE como presunto implicado en la sustracción y venta de recién nacidos desde 2012, actuó de manera independiente al DIF.

El mencionado ex funcionario entró a laborar al organismo en octubre de 2009 luego de cumplir con todos los requisitos, dijo el director, y en mayo de este año tomó su periodo vacacional para después hacer llegar su renuncia por escrito.

SÓLO UN IMPLICADO, AFIRMA

Blanco Loustaunau indicó que Arzate Carbajal es el único de la dependencia que ha sido implicado en el caso, por lo que el resto del personal, incluyendo al procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Francisco Gómez Izaguirre, trabaja de manera normal.

Todas las adopciones realizadas a través de la dependencia estatal son con apego a la dictaminación de un juez, enfatizó el funcionario, al ser cuestionado sobre si podía garantizar que los procesos se efectúan con legalidad.

Fuente El Imparcial en la siguiente dirección: http://www.elimparcial.com/Movil/EdicionEnLinea/Noticias/Notas/1003067.html