La fianza de 20 mil pesos otorgada por el Juez de Distrito, Herminio Armando Domínguez Zúñiga a Francisco Ávila Quiroga, abre el camino a la total impunidad al ex gobernador Guillermo Padrés Elías y sus funcionarios acusados del desvío multimillonario.

El juez concedió la libertad bajo caución al ex coordinador Ejecutivo de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Padrés Elías, por considerar el desvío de mil 700 millones como un “delito menor”, decisión que fue impugnada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Con este hecho, todos y cada uno de los implicados en el multimillonario desvío de recursos públicos en el sexenio 2009-2015 quedarán en la impunidad.

El lunes, el delegado de la PGR en Sonora, Darío Figueroa Navarro, reveló que al ex director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías que fue detenido la semana pasada por “moches fiscales” que superan los 700 millones de pesos, no lo dejó en libertad la procuraduría sino el juez.

Figueroa Navarro externó que al presunto implicado se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades mismo que no se considera grave, “no es la procuraduría la instancia que lo liberó”.

Aclaró que “no es un delito grave, no obstante la procuraduría interpuso un recurso de impugnación en virtud de que no estamos conforme con la cantidad fijada (de 20 mil pesos), ahora será decisión del tribunal”.

Cabe señalar que Francisco Ávila Quiroga fue acusa por presuntamente desviar más de mil 700 millones de pesos durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías.

El 13 de marzo, Dossier Político consignó que con la ausencia de Guillermo Padrés Elías, Teresa Lizárraga, Bernardo Campillo, Carlos Navarro Sugich y Jorge Luis Ibarra Mendívil, la Contraloría General del Estado reveló la lista de inhabilitados que encabezan Carlos Villalobos, Alberto Martínez, Mario Cuen, Roberto Romero parte del daño patrimonial superior a los 6 mil 259 millones de pesos en total

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio a conocer que suman 25 los ex funcionarios inhabilitados por 10 años y sancionados donde destacan Villalobos Organista por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos; a  Alberto Martínez, director general de Control de Fondos y Pagaduría, por 3 mil 029 millones 501 mil pesos y Cuen Aranda, tesorero del Estado por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

Murillo Aispuro apuntó que “los nombres que hoy revelamos corresponden a personas que recibieron una sanción administrativa por irregularidades detectadas durante su desempeño como funcionarios, atendiendo a principio de la Ley de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora”.

Precisó además que lo anterior “en correspondencia con el grado de participación en los hechos imputados, se trata de sanciones de carácter administrativo independientes de los procesos penales que pudieran derivar con la autoridad judicial”.

El monto del daño al patrimonio de los sonorenses que acumulan estas 18 personas es por 6 mil 259 millones 140 mil pesos.

1.- Javier Alberto Martínez Verduzco, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.

2.- Carlos Manuel Villalobos Organista, tesorero del Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.

3.- Mario César Cuen Aranda, tesorero del Estado. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

4.- Roberto Romero López, secretario del Gobierno del Ejecutivo del Estado. Inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.

5.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.

6.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 14 millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.

7.- Cynthia Zaraith Orozco Atondo, contador interno del Fideicomiso Puente Colorado. Inhabilitación por 10 años, sanción económica 11 millones 326 mil 304 pesos.

8.- José Germán Valenzuela Aganza, residente de Obra, Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora. Inhabilitación por siete años; sanción económica 5 millones 223 mil 208 pesos.

9.- Roberto Molina Acedo, director general de Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua, Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 millones 318 mil 850 pesos.

10.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 273 mil 731 pesos.

11.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 104 mil 433 pesos.

12.- Idolina Salazar Ortiz, administradora del Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 578 mil 338 pesos.

13.- Jesús Humberto Cuadras Rojo, administrador del Hospital General de Puerto Peñasco. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 72 mil 775 pesos.

14.- Ramón Eduardo Ruiz Zapata, director general de Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por tres años; se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

15.- Martín Romero Méndez, director de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

 16.- Cristian Gerardo Chávez Espinoza, policía estatal de Seguridad Pública, inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

 17.- Luis Rey Chong Zambrano, servidor público adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como director del plantel Escuela Federal 31 de Octubre ubicada en el ejido 31 de Octubre del municipio de Cajeme, destitución del puesto e inhabilitación por cinco años. No se aplicó sanción económica porque el servidor público reintegró la cantidad derivada y comprobó la diferencia restante.

18.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por tres años.