¿Qué tienen en común los diputados Antonio Tarek Abdalá Saad, Alberto Silva Ramos, Adolfo Mota Hernández, Noemí Guzmán Lagunes, Edgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González y Erik Lagos Hernández?

Todos ocuparon un cargo en dependencias clave durante la administración de Javier Duarte y han sido acusados de pertenecer a la red de corrupción del exgobernador priista que esfumó recursos estatales y federales en Veracruz.

Al contrario de Javier Duarte, los exfuncionarios duartistas-fidelistas, gozan de libertad y fuero.

Algunos de ellos han pactado con Miguel Ángel Yunes, actual Gobernador de Veracruz, la “devolución de bienes inmuebles”. Como es el caso del diputado federal por el PVEM, Edgar Spinoso Carrera, exoficial mayor de la Secretaría de Educación en Veracruz, quien se encargaba de la administración del presupuesto de esa dependencia. Spinoso Carrera aceptó, según el propio Yunes, haber participado en el saqueo de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte.

El diputado del Verde Ecologista “devolvió” bienes por montos millonarios como un avión Learjet 45, un helicóptero y algunas propiedades. Pese a esto, el manejo que la administración de Yunes le ha dado a la “restitución” de activos a las arcas estatales ha sido de manera opaca, sin transparencia y un nulo ejercicio de rendición de cuentas, ya que hasta el momento se desconoce bajo qué términos se llevaron a cabo dichas “devoluciones”.

¿Cuál fue el monto total de los recursos públicos que el diputado Edgar Spinoso Carrera les robó a los veracruzanos? ¿Por qué hasta la fecha no hay solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Veracruz en contra del diputado? ¿Por qué Spinoso Carrera, confeso ladrón del erario veracruzano sigue ocupando una curul en el Congreso en representación de los mismos a los que ha perjudicado?

El caso del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá también es de escándalo, fue inhabilitado desde 2016 por la Contraloría General de Veracruz para desempeñar un empleo, cargo o comisión en la administración pública durante los próximos 10 años.

Abdalá fue señalado junto con Edgar Spinoso Carrera por el presunto desvío de recursos públicos desde mayo de 2015, cuando la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz aprobó emitir un exhorto a la PGR para que investigara a los responsables del posible saqueo a las arcas estatales por un monto de al menos 1 mil 600 millones de pesos. En noviembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República abrió investigaciones en contra de los funcionarios estatales derivadas de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades cometidas con recursos federales en Veracruz.

¿Qué sucedió con la indagatoria? ¿Por qué PGR no actuó en contra de los funcionarios de Duarte?

La Fiscalía de Veracruz acusó al extesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos por hasta 23 mil 156 millones de pesos y presentó la solicitud de desafuero ante el Congreso, pero igual que al exsecretario de Desarrollo Social de Duarte, Alberto Silva Ramos, implicado en el desvío multimillonario de recursos públicos cuya entrega avalaron ambos a la red de empresas fantasma usadas para esfumar el dinero de los veracruzanos, su fuero y la impunidad priista los protege.

El pasado 09 de enero, el presidente de la Comisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseveró que los juicios de desafuero contra los legisladores priistas Tarek Abdalá y Alberto Silva, exfuncionarios de Javier Duarte, están “totalmente concluidos” y sin posibilidad de ser votados por el pleno.  

El también diputado priista, Ramírez Nieto recordó que la votación de los dictámenes correspondientes quedó empatada al interior del órgano jurisdiccional a su cargo y por ello, según dijo, no hay forma de someterlos a consideración del Jurado de Procedencia en el Palacio de San Lázaro.

Y es así como el círculo de la impunidad se cierra. ¡Qué tremendo! Funcionarios cómplices de gobernadores saqueadores del erario, se convierten en diputados (es un decir) y otros diputados los protegen para que evadan la acción de la justicia. Bonitos representantes los nuestros.

El entramado de complicidades en el caso de Javier Duarte toca a las altas esferas del Gobierno federal, como se ha venido documentando gracias al excelente trabajo de investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C.

Gracias a dichos reportajes presentados con el rigor periodístico que los caracteriza, logramos enterarnos que durante la administración de Javier Duarte fue utilizada la misma red de empresas fantasma con la que esfumaron miles de millones de pesos en Veracruz, para financiar la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, sin que hasta el momento la autoridad haya iniciado investigación al respecto.

Por si esto fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó siete nuevas denuncias penales ante la PGR en contra de la administración de Javier Duarte, por el presunto desvío de más de 4 mil 300 millones de pesos de recursos federales que debieron destinarse para mejorar la salud y seguridad en Veracruz.

Con estas siete, la ASF ya suma 71 denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría por presuntos malos manejos y posibles simulaciones en el ejercicio de recursos públicos cometidos por la administración de Javier Duarte, según información del portal de noticias Animal Político.

Mientras las denuncias en contra de la administración duartista se acumulan, la PGR hace como que la virgen le habla.

Mientras día a día, los miles de millones de pesos “desviados” se incrementan, los extitulares de las dependencias estatales que desviaron dichos recursos y avalaron la entrega de los mismos a empresas fantasma, siguen ocupando una curul en el Congreso, protegidos por sus pares priistas. Blindados por un partido, por un gobierno que le apuesta al olvido, que prefiere el descrédito a la rendición de cuentas. Que ha elegido el camino del cinismo, de la desfachatez, antes que otorgarles a sus gobernados, justicia.

¿Dónde está Moisés Mansur Cisneros? ¿Dónde está el “cándido” amigo que puso a Javier Duarte como su heredero universal en su testamento? ¿Dónde está el principal prestanombres de Javidú? El que se encargaba de coordinar todas las acciones relacionadas con el movimiento de recursos públicos entre empresas fachada, así como la adquisición de un sinfín de propiedades dentro y fuera de México. ¿Dónde está y por qué no han traído a quien puso a los hijos de Javier Duarte y Karime Macías como sus herederos? ¿Qué pactó Yunes con Cisneros?

Lo dicho, los cómplices de Javier Duarte, gozan de libertad y de fuero.

El Mañanero