Antonio Elizalde Takashima, es quien opera los sobornos a través de su apoderado legal Tomás Aragón Hernández quién viaja frecuentemente a Hermosillo para entrevistarse con Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR, con la licenciada Karla Yaneth López Maldonado, titular de la Agencia Segunda de Investigación y Litigación quien fábrica las carpetas bajo la supervisión de la licenciada Marta Xochitl Loera, coordinadora de Ministerios Públicos Federales en Sonora.
2018
CAPUFE SOBORNA A JUECES Y AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN SONORA.
Por Ángel León Matuk
A poco más de un año que empezaron a integrar carpetas de investigación en la Agencia Segunda de Investigación y Litigación del Ministerio Público Federal en Hermosillo por los delitos de Ataques a las vías de comunicación debido a las querellas que interpuso CAPUFE en contra de manifestantes que luchan por el libre tránsito en la carretera México-Nogales, a pesar de que en dichas carpetas no existen datos de prueba que demuestren la configuración de un delito del tipo penal en contra de los acusados, los jueces de manera arbitraria e ilegal han dictado autos de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, la medida más lesiva que únicamente aplica para delitos graves como delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro y pederastia.
Es por demás evidente la parcialidad con que se conducen en sus actuaciones tanto los fiscales como los jueces en una clara y obvia protección a los concesionarios de las ilegales casetas por lo que se presume por parte de los imputados y sus abogados que hay fuertes sobornos y tráfico de influencias entre funcionarios de las dependencias involucradas.
Cabe destacar que los manifestantes tienen ya desde enero de 2017 en esa lucha pero CAPUFE lejos de establecer una mesa de diálogo para buscar la solución al problema, emprendió una agresiva y desigual campaña utilizando todo el poder del estado en contra de los ciudadanos inconformes quienes por cierto han llevado sus acciones de protesta de manera pacífica y pública tal y como está permitido por la ley.
Antonio Elizalde Takashima, Gerente de Caminos y Puentes Federales Zona Pacífico con oficinas generales en Culiacán, Sinaloa, es quien opera los sobornos a través de su apoderado legal Tomás Aragón Hernández quién viaja frecuentemente a Hermosillo para entrevistarse con Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR, con la licenciada Karla Yaneth López Maldonado, titular de la Agencia Segunda de Investigación y Litigación quien fábrica las carpetas bajo la supervisión de la licenciada Marta Xochitl Loera, coordinadora de Ministerios Públicos Federales en Sonora.
Dichas carpetas son judicializadas y de inmediato les dan ingreso en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo para luego iniciar con los procesos penales en los que los jueces Yanitt Quiroz Vanegas, con Licenciatura en Derecho por la Universidad del Noroeste, Javier Aguirre Farfán, egresado de la Universidad Iberoamericana y María Lizeth Olvera Centeno de la Universidad de Celaya, Guanajuato, todos jueces de Distrito, han resuelto en contra de los imputados las medidas más lesivas aún sin ser enjuiciados y encontrados culpables por lo que tanto los imputados como sus abogados presumen de manera fundada que la actitud parcial y arbitraria además violatoria de la ley por parte de los jueces y Ministerios Públicos, solo obedece a que han recibido fuertes sobornos para seguir protegiendo un verdadero atraco en contra de los automovilistas.
A lo largo de varias décadas diferentes actores políticos, luchadores sociales y líderes de comunidades indígenas al sur del estado, han protestado por lo que consideran una injusticia y un abuso el pagar peaje por transitar una carretera que se construyó con dinero público sin embargo las autoridades federales han mostrado una cerrazón absoluta en este tema lo que ha obligado a grupos de ciudadanos a tomar las casetas en señal de protesta, lo que incluso acaba de hacer la Gobernadora Claudia Pavlovich al rechazar el injusto aumento a las tarifas de las casetas de cobro.
CAPUFE ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los automovilistas así como los delitos de fraude por desacatar al ordenamiento hecho por la Cámara de Diputados Federal para eliminar la caseta de Fundición en 2010 sin embargo sus funcionarios jamás han sido llamados a cuentas.
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar los fideicomisos porque hay muchos que ya no tienen razón de ser y otros a pesar de que ya expiraron siguen operando impunemente como es el caso de la concesión de la Cuatro Carriles.
