El Zancudo. La lengua corta y la cola larga

Por Arturo Soto Munguía/ 0 Comentarios / Vistas / 2012


Por: Arturo Soto Munguía            

Cuando detuvieron en España a Rafael Celaya, abogado sonorense y ex funcionario público en administraciones priistas, los genios de la manipulación mediática del Nuevo Sonora operaron para anteponer, en toda información relacionada con el caso, su militancia política.

 

La consigna a reporteros y columnistas; a conductores de radio y televisión fue ligar al PRI con el crimen organizado. Fue una campaña furiosa hasta lo orgiástico.

 

Unas semanas después, el alcalde electo del municipio de Fronteras, Arturo Reyes Trujillo -panista-  fue detenido en la capital de Sonora por agentes de la Subprocuraduría  de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Los agentes federales mexicanos lo aprehendieron en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez estadunidense.

 

Los panistas de Sonora se enredaron más que una Maruchan para deslindarse sin parecer muy indignados, por contar entre sus filas con candidatos que ganaron elecciones y que antes de tomar posesión del cargo para el que fueron electos, son investigados, arraigados y encarcelados por sus vínculos con el crimen organizado.

 

Poco tiempo después se registra el asesinato del diputado priista Eduardo Castro Luque. Todo el aparato de Estado se sigue utilizando para poner en relieve la militancia del cajemense, y para generar la percepción de que en este crimen, la principal línea de investigación tiene que ver con un ajuste de cuentas entre grupos del PRI.

 

El abordaje mediático que desde el gobierno se ha hecho de este caso, ora sí que es histórico e inédito, a tal grado que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya comienza a ser conocida como “Procuvisa”, en obvia alusión a la poderosa cadena televisiva, internacionalmente conocida por sus telenovelas.

 

Y cuando todo el gabinete estatal se mantenía más ocupado en sus aportaciones para el nuevo capítulo de esa telenovela en la que el suplente de Eduardo Castro Luque ya alcanzó el rango de ‘prófugo internacional’ y es buscado por la Interpol en 189 países, en céntrico crucero de Hermosillo llega un tipo en una moto y asesina a un joven abogado que se disponía a abordar su Mustang Rojo de recientísimo modelo.

 

El asesinato, a plena luz del día y en uno de los cruceros más transitados de la ciudad. Al joven abogado le dispararon diez balazos cuando se disponía a abordar su vehículo. Acertaron en nueve de ellos. Lo llevaron inmediatamente al Hospital General del Estado, el nosocomio más cercano al lugar de los hechos (dos cuadras) donde los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarlo.

 

Lamentablemente, el muchacho no sobrevivió a las heridas. La información oficial sobre los hechos, sin embargo, hasta este momento ha omitido precisar la filiación política del hoy occiso, su parentesco con el Secretario de Salud del gobierno estatal y su relación cercana con el Secretario de Agricultura.

 

Ricardo López Campillo era sobrino de Bernardo Campillo, titular de la SS y trabajaba muy cerca de Héctor Ortiz Ciscomani, titular de la Sagarpha estatal.

 

Un hombre ligado al PAN y al gobierno del estado.

 

Como en el caso de Castro Luque, resulta imposible abstraer el crimen del contexto político. Sin embargo, al asunto no se le ha dado el mismo seguimiento. Más aún, el silencio en círculos oficiales es notorio.

 

Cuando todo el aparato estatal parece estar concentrado en dirigir el caso de Castro Luque hacia las aristas de su militancia y su participación política, ejecutan a un hombre cuya militancia y participación política se encuentran muy cerca del PAN y del gobierno.

 

El desconcierto en las filas de ese panismo vociferante que hizo escarnio del crimen de Castro Luque es notorio.

 

Así como desde el PAN y desde el gobierno se festinó la aprehensión de Rafael Celaya, y luego se replegaron cuando aprehendieron al alcalde de Fronteras, así se siente el clima con el que los asesores publicitarios del gobierno de Sonora festinaron la muerte de Castro Luque, y hoy se repliegan ante el asesinato de Ricardo López Campillo.

 

El asunto es más serio de lo que parece. No se trata de una ejecución más, entre los cientos de ejecuciones que ha habido en Sonora. Se trata del asesinato de una persona muy cercana a los afectos de una clase gobernante que parece estar más preocupada en alimentar odios y resquemores políticos, que en ocuparse de las tareas propias del ejercicio de gobierno.

 

Las cosas se están descomponiendo mucho en Sonora y al parecer, la descomposición ya llegó al primer círculo.

 

Parece que ha llegado la hora de asumir que la política y el gobierno deben estar en manos de políticos y gobernantes, no de fanáticos del marketing y fundamentalistas de la propaganda.

 

 

 

 

 

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