▶️ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela a un tribunal federal que el bloqueo de las cuentas bancarias de al menos 13 empresas del empresario guaymense Octavio Llano Alverde derivan de un reporte enviado por Estados Unidos tras indagar lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas

Redacción/LA VERDAD

GUAYMAS, #SONORA.- El bloqueo de las cuentas bancarias de al menos 13 empresas en las que el propietario es el empresario guaymense Octavio Llano Alverde, derivan de una investigación de inteligencia elaborada por Estados Unidos en donde se detectó “lavado de dinero” proveniente del tráfico de drogas.

De acuerdo con una sentencia dictada dentro del expediente número 187/2024, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Sonora reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó bloquear las cuentas bancarias de las compañías por informes proporcionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“… El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el Acuerdo (número testado) por medio del cual incluyó a la referida Lista de Personas Bloqueadas a diversas personas entre las que se encuentra (nombre testado, pero que hace referencia a la solicitud de amparo interpuesta por Octavio Llano Alverde contra la UIF) quien derivado de un análisis de sus operaciones financieras se tuvo conocimiento que dicha persona se encuentra relacionada con una célula delictiva de diversas empresas mexicanas que se dedicaban a realizar diversas actividades ilícitas tales como transportar e importar toneladas de droga entre México y Estados Unidos de Norteamérica, sobornar autoridades, así como diseñar mecanismos a fin de lavar activos, todo eso a favor del grupo criminal denominado (nombre testado)…”, precisa el fallo judicial.

Agrega que, además de ello, se tiene conocimiento de que Llano Alverde tiene registradas transacciones con personas identificadas como líderes del tráfico de drogas, aunado a que cuenta con un registro de transacciones irregulares de millones de pesos y dólares en sus cuentas bancarias.

El fallo judicial detalla que la inclusión del empresario guaymense en la referida lista de bloqueo de cuentas bancarias es por la que probablemente se vieron afectados los instrumentos financieros que solicita se le “descongelen”.

En el informe entregado a los tribunales federales dentro de un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Decimotercero de Distrito por Llano Alverde para solicitar el desbloqueo de sus cuentas bancarias se especifica que esto es producto de inteligencia que permitió a la autoridad financiera contar con los “indicios suficientes” para presumir que se encuentra relacionado con un esquema de “lavado de dinero”.

Estas actividades, agrega el informe de la UIF entregado a los tribunales federales, fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El bloqueo, ante ello, se hizo como parte del cumplimiento a la obligación que tiene esta autoridad de emitir medidas para la prevención de dicho delito, así como del cumplimiento de diversos tratados y convenciones de derecho internacional.

El reporte establece que el 3 de noviembre del 2023 la OFAC designó a diversas personas que están relacionadas con Octavio Llano Alverde, quien es apoderado legal en varias empresas a la llamada “Lista OFAC”.

“… Lo anterior se realizó de conformidad con la Orden Ejecutiva (número testado) por haberse comprometido, o haber intentar (sic) comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, anota el reporte de la UIF.

Agrega que es importante señalar que en seguimiento a los compromisos asumidos por los presidentes de México y Estados Unidos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en enero pasado, los gobiernos se comprometieron a incrementar sus acciones para blindar la frontera en común contra el fentanilo y de armas.

La sentencia, dictada el 6 de marzo de este año, fue para resolver un recurso de Queja que interpuso la UIF contra una decisión del Juzgado Decimotercero de Distrito de ordenar la devolución de las constancias remitidas por la UIF sobre el caso en las cuales se incluía la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito al considerar que eran irrelevantes, respecto de la litis del juicio de amparo.

Esta decisión la tomó el Secretario del Decimotercer Tribunal el 4 de abril del 2024, cuando estaba como Encargado del Despacho en ausencia del titular, el Juez Antonio Mora Díez.

Luego de revisar la petición de Queja hecha por la UIF, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Sonora resolvieron que era infundada y la rechazaron.

El fallo fue acordado de manera unánime por los magistrados Miguel Ángel Betancourt Vázquez y Brando Arturo González Ramírez, así como por José Gilberto Meza Escalante, quien era en ese momento el Secretario en Funciones de Magistrado.

La ponencia del caso fue elaborada por Betancourt Vázquez.

LAS INVOLUCRADAS

Los abogados de Llano Alverde han solicitado amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias de sus empresas y personales.

Los expedientes son el 1795/2023, 1798/2023, 1799/2023, 1800/2023, 1801/2023, 1802/2023, 1803/2023, 1804/2023, 1805/2023, 1808/2023, 1816/2023 y 1818/2023 y fueron iniciados el 21 de noviembre del 2023 en el Juzgado Decimotercero de Distrito de Sonora.

Las empresas involucradas son “La Colina Real”, “Sonora Bay”, “Jozar”, “Villa Hermosa San Carlos”, “La Playa SPS / Resort”, “Exploricatorus Internacional”, “Promotora Turística de Bienes Raíces de San Carlos, “Universidad Interamericana de Guaymas”, “Coordinadora Palamos”, Inmobiliaria Marina Nuevo Guaymas”, “Coordinadora Costa Brava” y las cuentas personales de Octavio Enrique Llano Zaragoza.

Las demandas de amparo están hechas en contra de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparo de la Secretaría de Hacienda.