Funcionarios de la administración estatal que enfrentan procedimientos administrativos, penales o resarcitorios por presuntos daños o perjuicios a las haciendas federal o del estado fueron sustituidos este jueves 14 de noviembre por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Como director de Telemax, fue removido Daniel Hidalgo Hurtado, quien enfrenta una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta distracción de más de 300 millones de pesos por servicios cobrados y no prestados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU el 2017.

Este desfalco al erario federal se circunscribe dentro de la llamada “Estafa Maestra” que desde SEDATU se urdió en perjuicio de la tesorería de la federación y, que a la fecha mantiene en prisión a la ex titular de la dependencia en el sexenio pasado, Rosario Robles Berlanga.

Hidalgo Hurtado actualmente enfrenta una orden de aprehensión solicitada al juez de la causa por la Fiscalía General de la República, aunque goza de la protección de la justicia federal por el juicio de garantías promovido en contra del acto que le reclama la Auditoría Superior de la Federación.

A partir de este jueves 14 del mes y año en curso funge como nuevo director de Telemax Raúl Rentería Villa, quien, a su vez, se desempeñaba como director del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, cargo que ocupa desde ya Edgardo Briseño Hernández.

En la coordinación Guaymas-Empalme de la Comisión Estatal del Agua fue nombrado Miguel Cruz Barriente en sustitución de Roberto Romano Terrazas, quien enfrenta acusaciones de presuntas irregularidades financieras derivados del programa de auditorías aplicadas al proceso de licitación de la obra de construcción de la desalinizadora y de los recursos federales provenientes del Fondo Nacional de Desastres, que presuntamente fueron desviados a otras actividades que no corresponden a paliar daños por huracanes que azotaron la región.

Asimismo, de acuerdo a la Auditoría Técnica a la Obra Pública de la CEA en la región Guaymas-Empalme Número OP0105010553 del programa anual del ISAF 2018 lo descubrieron múltiples irregularidades respecto a las actas de entrega recepción de diversas obras contratadas por la dependencia que no cumplen con los requisitos mínimos, entre otros,  no incluye la información relativa a las fechas de inicio y terminación reales, entre otras graves violaciones a lo establecido en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

Como subsecretario de Servicios de Salud fue removido Félix Higuera Romero, quien la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización consideran como presunto responsable de la distracción del gasto federalizado de subsidio para la operación del Seguro Popular en el estado de Sonora.

Los órganos de auditorio superior federal y del estado solicitaron a la Contraloría Estatal el ejercicio de responsabilidad administrativa sancionatoria y las denuncias de hechos que haya lugar ante la Fiscalía General de la República por el probable daño patrimonial a la hacienda federal por distracciones del gasto federalizado destinado al Seguro Popular entre los años 2016 y 2018.

En sustitución del funcionario sujeto a investigación fue nombrado Jaime Ibarra González quien venía desempeñándose como jefe de la jurisdicción sanitaria número uno.

En la Universidad Estatal de Sonora (UES) fue nombrado como Secretario General Administrativo, Alonso Coronado Aguilar en sustitución de Benjamín Basaldúa Gómez. Al funcionario la ASF y el ISAF lo hacen responsable de diversas irregularidades en la cuenta pública descubiertas en la Auditoría Financiera Número AE0102010626 correspondiente a la revisión del año fiscal 2018.

Entre otras violaciones a la ley, a Basaldúa Gómez se le responsabiliza de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la planta de trabajadores académicos, administrativos y operativos de la institución educativa y no enterarlo al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, ni reintegrar el monto correspondiente a la tesorería de la federación o a la UES.

De la revisión aplicada por los auditores mayores de la federación y el Estado se logró poner al descubierto que el Secretario Administrativo de la UES hoy cesado instruyó el pago de un adeudo (pasivo) que asciende a 10 millones de pesos que se contrajo en el ejercicio fiscal del año 2008, por lo que dada la antigüedad ya se encontraba dado de baja del sistema contable de la institución, de ahí que el pago constituyó un quebranto a la tesorería de la institución.

En términos generales, la Auditoria Superior de la Federación y el ISAF determinaron que la administración de Universidad Estatal de Sonora no cumplió con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras, por llevar la contabilidad en un sistema a modo y no el instrumento de la administración financiera gubernamental al que obliga a todo ente público la referida Ley.

Ante eso y otros motivos graves, la ASF instruyó a la Secretaría de la Contraloría General del Estado ejercer la promoción sancionatoria o denuncia de hechos que haya lugar por la probable comisión de daño al patrimonio de la hacienda estatal, federal o ambas.

En la Universidad Tecnológica de Hermosillo también se detectaron irregularidades financieras graves por lo que se nombró a Manuel Durán Montaño como nuevo director Administrativo, al ser separado de tal cargo, Marlon Cañez Rascón.

Al hoy exfuncionario se le comprobó haber incurrido reiteradamente en una considerable cantidad de irregularidades financieras, contables y presupuestales que pusieron al descubierto las auditorías a la cuenta pública 2018 aplicadas por el ISAF en suplencia de la Auditoria Superior de la Federación.

De entrada, la dirección administrativa de la UTH fue incapaz de proporcionar a los auditores del ISAF evidencia de que, al momento de contratación de adquisición de bienes, servicios u obra pública con particulares, estos se encontraran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e inscritos en el registro estatal de contribuyentes.

Asimismo, el director de la UTH mostró en todo momento una actitud negativa a atender las observaciones emitidas por los auditores mayores de estado y federación a la vez que recurrió a actos de simulación para entorpecer y obstaculizar los procedimientos y seguimientos a las auditorías, proporcionando en algunos casos información falsa.

Ante ello, el ISAF, tras agotar las medidas de apremio, enderezó en contra del sujeto fiscalizado la correspondiente denuncia penal ante autoridades competentes, conforme a lo previsto en el Código Penal para el Estado de Sonora y la Ley de Fiscalización Superior.

Lo anterior ha sido con independencia de las denuncias de hechos que la Contraloría Estatal debe tramitar ante las Fiscalías General de la República o del Estado, dependiendo de la violación y tipicidad del hecho cometida por el sujeto fiscalizado.

En sustitución de Durán Montaño fue nombrado como director de la UTH