Si te decimos que hay una propuesta de ley que busca proteger los derechos de autor y combatir la piratería seguramente estarías de acuerdo en que es necesario. Pero, si ello implica que alguien que decide reparar un dispositivo como su celular, consola o computadora él mismo o con alguien más que no sea la marca del equipo podría ir a la cárcel, ya no suena a una buena idea.
2020-07-02
Podrías ir a la cárcel si reparas tu celular, consola o compu, si esta ley se aprueba en México
Si te decimos que hay una propuesta de ley que busca proteger los derechos de autor y combatir la piratería seguramente estarías de acuerdo en que es necesario. Pero, si ello implica que alguien que decide reparar un dispositivo como su celular, consola o computadora él mismo o con alguien más que no sea la marca del equipo podría ir a la cárcel, ya no suena a una buena idea.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con la asociación “estas reformas representan una amenaza grave a los derechos humanos”. Por ello es que a través del hashtag #NiCensuraNiCandados está invitando a los mexicanos a protestar con el fin de evitar que la Cámara de Diputados apruebe los cambios.
¿Por qué es peligroso?
R3D señala que hay dos puntos preocupantes en los cambios que se pretenden hacer, uno relacionado con la censura digital y el otro con la reparación o modificación de los dispositivos.
Argumentan que la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada, como ya se establece en las leyes de Estados Unidos. Esto quiere decir que si una persona señala que un contenido o publicación en línea viola sus derechos de autor, los proveedores de servicios de internet tendrán la obligación de removerlo, el tema aquí es que según R3D el contenido deberá bajarse sin necesidad de aportar pruebas y sin la orden de una autoridad judicial.
El riesgo en este tema es que, bajo el argumento de propiedad intelectual, personas, empresas, organismos, pueden pedir que algo que no les gusta o conviene se elimine de internet.
“México no está obligado a implementar este mecanismo, ya que el T-MEC reconoce que las adecuaciones deben respetar las disposiciones constitucionales vigentes. La notificación y retirada es violatoria del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución”, señala R3D.
Ahora vamos al tema de las penas de cárcel por reparar, modificar o alterar dispositivos. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas de protección. “Estas medidas, también llamadas candados digitales, son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, copia o modificación de información contenida en un dispositivo o sistema”.
Aunque parece obvio que, por ejemplo, Apple pueda perseguir a quienes desbloquean un iPhone, el problema con la modificación es que estos candados obstaculizarían el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades.
“Incluso limita la posibilidad de usar fragmentos de obras extraídas de un soporte adquirido legalmente, como hacer una captura de pantalla o digitalizar un libro o video. Cualquiera de esas actividades te podría acarrear multas millonarias o mandarte a prisión”, asegura R3D.
Ante la situación se creó el hashtag #NiCensuraNiCandados a través del cual el organismo busca presionar a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo un proceso de parlamento abierto plural y diverso con participación de la sociedad civil.
También buscan que se eliminen los mecanismos de censura contemplados en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, se subsanen deficiencias e incorporen excepciones amplias a la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas de protección, de manera que se proteja al interés público y los derechos humanos.
El Universal.
