Durante la mañanera del 29 de junio de 2023, el entonces procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer que por instrucción presidencial se creó un grupo de trabajo intersecretarial para investigar el desfalco en Segalmex. Sin embargo, los resultados de ese grupo son un secreto de Estado, pues la información que ha generado fue clasificada como reservada por cinco años.

El grupo intersecretarial está conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Segalmex.

La coordinación del grupo está a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación (dependiente de la SHCP) y su objetivo, de acuerdo con el exprocurador, “es colaborar con la FGR para fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex y aportar pruebas que sustenten las denuncias presentadas ante el Ministerio Público”.

Medina Padilla mencionó que, hasta ese momento, el grupo intersecretarial había celebrado 65 reuniones de trabajo y había presentado 69 denuncias ante la FGR por el desvío de más de 15 mil millones de pesos ocurrido durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de Segalmex.

Láminas presentadas por el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, durante la conferencia matutina del 29 de juno de 2023

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó vía transparencia una versión pública de todos los acuerdos, órdenes del día y minutas que se generaron en las reuniones del grupo. Sin embargo, la SHCP reservó la información por cinco años argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso, ya que las minutas abarcan constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales.

La SCHP también argumentó que no resultaba aplicable la excepción contemplada en el Artículo 112 Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. 

De acuerdo con el análisis jurídico realizado por la SHCP, dicha excepción únicamente es aplicable a la información relacionada con sentencias firmes emitidas por los jueces competentes en las causas penales por delitos de corrupción, por lo que su divulgación violaría la presunción de inocencia de los funcionarios y particulares investigados.

MCCI impugnó la respuesta recibida por la SHCP ante el INAI; sin embargo, la institución confirmó la reserva de la información con el voto disidente del comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Desde el año 2020, MCCI ha revelado la existencia de una red de corrupción que operó en Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle. Las revelaciones han abarcado la entrega de contratos a empresas fachada, el pago de “moches” solicitados a proveedores de Diconsa, el pago de sobornos a través de la venta simulada de departamentos de lujo en Estados Unidos a directivos de Segalmex y la firma de convenios multimillonarios con empresarios que tenían relaciones familiares con directivos de la dependencia.

La Procuraduría Fiscal de la Federación reservó la información sobre las investigaciones del desfalco en Segalmex por un plazo de cinco años