La región del Río Sonora sigue luciendo desolada. Casas solas, negocios cerrados, calles vacías. Es como si un manto de pesada tristeza bajara desde lo gris del cielo a esos pueblos hasta hace poco más vivaces, más ruidosos.

 

No es para menos. El derrame de tóxicos desde un represo de la Minera Buenavista del Cobre, filial del poderoso Grupo México contaminó con ácido sulfúrico acidulado y metales pesados diversos -mercurio, cadmio, bromo, fierro, entre otros-, la fuente de vida en esa región; el río.

 

Ya hace más de un mes que ocurrió esa desgracia y la situación ha hecho crisis en la vida cotidiana de esa otrora productiva región. No hay dinero, los productores de leche la están derramando; los productos agrícolas y otros elaborados carecen de mercado; los productores de nuez, por ejemplo, tienen todo este tiempo sin regar sus huertos, justo en la temporada que más necesitan el agua.

 

Las respuestas del gobierno han sido insuficientes, y ha sido mucha más la rapiña política, el manejo clientelar de los apoyos, los dimes y diretes entre distintas fuerzas políticas que de una u otra manera han aprovechado la tragedia para el ajuste de cuentas con miras a las próximas pizcas electorales.

 

Ayer estuvimos en Banámichi, uno de los siete municipios afectados por el derrame tóxico. La gente allí sigue desesperada y con la incertidumbre a flor de piel.

 

Acudimos invitados por los delegados del gobierno federal, que en la víspera habían sido desconocidos por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, como interlocutores válidos para abordar el tema en el Comité de Emergencias en el que participan también alcaldes y funcionarios del gobierno estatal.

 

Entre ellos, Adolfo García Morales, coordinador de los delegados; César Lagarda Lagarda, titular de Conagua en Sonora y uno de los más versados en los temas a tratar; Rosario Rodríguez, de Sedesol; Jorge Andrés Suilo, de Semarnat; Jorge Carlos Flores Monge, de Profepa; Jesús Manuel Bustamante, de Conafor; Luis Núñez Noriega, de Economía y Wenceslao Cota Montoya, del Trabajo.

 

El gobernador los consideró personas non gratas y pidió al presidente de la República “sacarlos de Sonora”, después de que tres de éstos aparecieran en un reportaje televisivo en el que se reveló la existencia de una presa con capacidad para cuatro millones de metros cúbicos de agua, con un valor superior a los 200 millones de pesos, propiedad del gobernador y su familia, que también cuenta con derechos sobre seis pozos que han contribuido a secar las fuentes de abastecimiento para el pueblo de Bacanuchi.

 

Asimismo, la existencia de una gran huerta de nogales –se habla de más de 300 hectáreas-, propiedad también del gobernador y de la que productores locales afirman, no ha dejado de regarse -con las aguas del río Sonora y pozos cercanos a su lecho- ni un solo día desde que ocurrió el derrame de 4 mil metros cúbicos de material tóxico.

 

Los delegados sostuvieron una reunión con habitantes de esos pueblos, para informar sobre lo que se ha hecho hasta ahora en materia de remediación del desastre ecológico; los apoyos a pobladores afectados y la proyección de lo que falta por hacer para que la región recupere su vocación productiva y turística.

 

Uno a uno, los representantes del gobierno federal expusieron al respecto. Sedesol, el arranque inmediato de un programa de empleo temporal real, con pago de jornales dobles y apoyo con despensas a la población más vulnerable.

 

Conagua adelantó que en tres días más estarán en condiciones de decidir si la contingencia ambiental se levanta total o parcialmente, y los lugareños pueden usar ya el agua de los pozos que fueron clausurados para consumo humano y uso agropecuario. Eso dependerá de los resultados obtenidos de los análisis que se hacen a partir de 60 muestras diarias que son enviadas a laboratorios del Distrito Federal para dar seguimiento a los niveles de contaminación.

 

Segob informó que a partir del cabildeo con Grupo México, se consiguió que la empresa pague los trabajos que realiza un equipo interdisciplinario de científicos y académicos para analizar la evolución de los daños ecológicos; trabajos que durarán cinco años, de acuerdo a los protocolos en materia de atención a esas contingencias.

 

Profepa, sobre los trabajos de remediación en el lecho del río, con maquinaria diversa y en aquellos lugares inaccesibles para esa maquinaria, a fuerza de pico y pala. También esos trabajos serán pagados por la empresa responsable de la contaminación.

 

Y así uno a uno fueron informando. Una de las presentes inquirió sobre la ausencia de un programa de chequeo médico a los habitantes de la región, para conocer eventuales daños a la salud, producto del contacto con el agua, el aire y el suelo contaminados. Eso, respondió el delegado de Segob, corresponde a la Secretaría de Salud estatal, que hace una semana debió haber comenzado a trabajar en el tema, pero no lo ha hecho.

 

Una reunión de acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil donde, sin embargo, nunca dejó de cernirse la sombra del distanciamiento entre la autoridad estatal y la federal, coronada en la víspera con el rompimiento que hizo el gobernador del estado, de los delegados federales.

 

Era el tema obligado a preguntar a estos funcionarios que, sin embargo, evadieron abundar al respecto. Pasaban de las dos de la tarde cuando concluyó el encuentro, pero los delegados rehusaron dar declaraciones sobre el tema.

 

Era, evidentemente, una instrucción desde el nivel central, donde definitivamente tomaron el control de la situación política y asumieron como suya la facultad de responder a las bravatas del gobernador de Sonora.

 

No están ustedes para saberlo, pero dado que mi pecho no es bodega, yo sí estoy para contarlo: las reuniones de funcionarios federales en la Ciudad de México para atender el tema Sonora, dejaron de realizarse en la sede de Semarnat, que es donde se venían llevando a cabo desde el principio. Desde hace un par de semanas, se realizan en Los Pinos. Es directamente la presidencia de la República la que está tomando decisiones sobre lo que se hace en este tema.

 

Quizá esto le diga algo a la suspicaz lectora, al dubitativo lector, que le ayude a dimensionar lo que sucedió ayer, cuando aparecieron en cadena nacional el titular de Conagua, David Korenfeld, anunciando una investigación sobre la presa de Padrés, y la posibilidad de que sea demolida la cortina de la misma, si no acredita los estudios y permisos correspondientes.

 

También del procurador ambiental, Guillermo Haro (de quien Padrés pidió su renuncia), y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, haciendo un llamado al gobernador de Sonora a mantenerse en el marco de la ley, y corrigiéndole la plana al explicarle que es facultad del presidente, y no del gobernador, designar a los delegados federales y decidir sobre su permanencia en sus cargos.

 

Para cualquier diletante de la política mexicana, el mensaje enviado desde el gobierno federal fue interpretado como una seria advertencia a Guillermo Padrés en el sentido de que no tolerarán más desplantes, especialmente cuando vienen de un gobernador con bastantes asuntos escabrosos en su expediente, relacionados todos ellos con malos manejos administrativos y corrupción galopante.

 

De hecho, el gobernador de Sonora fue citado hoy a una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar algunos de estos temas. Se infiere que a Padrés lo están esperando con algunos expedientes en la mano, para ver de qué manera resuelve algunos asuntillos, señaladamente aquellos que tienen qué ver con sus bravuconadas hacia el presidente de la República y sus funcionarios.

 

Un presidente, hay que decirlo, que va sobre su segundo año de ejercicio, mientras que el gobernador transita por los últimos meses de su sexenio, en condiciones, por cierto, bastante deplorables en términos de consensos sociales y políticos, y con una larga, larga cola que ya le andan pisando por todos lados.

 

Estaremos pendientes.

 

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