Me tocó escuchar en la radio la entrevista que le hicieron a María Guadalupe Ruiz Durazo, la contralora estatal, a propósito de la detención de José Ángel Calderón Piñeiro, junto con otros dos funcionarios públicos del gobierno del estado, por delitos de extorsión.

 

La contralora parecía la maestra de Óscar Jaenada, el actor español que encarnó a Cantinflas en el reciente éxito taquillero. Una cosa titubeante, atropellada, dudosa…

 

Y es que uno de los involucrados en esa banda de extorsionadores, el seor Calderón Piñeiro se desempeñaba como Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría a cargo de Ruiz Durazo.

 

Ya me había tocado leer las divagaciones conceptuales, las sentidas loas de la contralora hacia el gobernador; sus exorcismos tuiteros, o sus incursiones en el debate sobre el quehacer de la dependencia a su cargo, donde  a veces salía bien librada.

 

Lo que escuché ayer en la radio, fue a una María Guadalupe vacilante, trastabillante, perdida completamente; repetitiva, echando mano de los clichés y las frases hechas como tablitas de salvación que flotaban fuera de su alcance. El mismísimo Cantinflas habría palidecido de pena al verse superado pero con mucho, con los intentos de la contralora para articular al menos una frase coherente.

 

Y es que, me dicen, María Guadalupe fue abordada por los aguerridos reporteros sin que estuviera presente el pool de prensa de Comunicación Social del gobierno del estado para librarla de preguntas incómodas.

 

En descargo, habría que apuntar que, a propósito del tema de los funcionarios extorsionadores, no hay preguntas cómodas. Dicho de manera más coloquial, el asunto está caliente.

 

Junto a Calderón Piñeiro cayeron Roberto Carlos Díaz Rodríguez, Agente del Ministerio Público especializado en delitos de querella, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Gregorio Ramírez Cerecer, Coordinador Jurídico de la Dirección de Atención a Inversionistas, del Consejo para la Promoción Económica de Sonora.

 

Tres funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés, que se dedicaban a extorsionar a gente con abultadas cuentas bancarias -su acceso a información privilegiada les permitía hacer la selección- y con algún asunto judicial pendiente.

 

El método no es nuevo, pero es relativamente sencillo: las víctimas son por lo general, personajes con mucho dinero que por alguna razón entraron en líos judiciales de los cuales les resultan órdenes de aprehensión. Para no ejecutarlas, les exigen una suma considerable de dinero.

 

Casi siempre funciona. Pero esta vez se toparon con pared. Quisieron extorsionar a un tipo que les resultó más listo. Le exigieron 500 mil dólares. El empresario les ofreció 50 mil dólares (nada más) pero denunció los hechos en la Procuraduría. Les tendieron un ‘cuatro’. Al momento de la entrega del dinero, los agentes les cayeron encima y los aprehendieron.

 

Nunca como ahora, había tenido mayor vigencia la desafortunada frase “se están matando entre ellos”, metáfora incluida, por supuesto, porque todavía no llegan a ese extremo. Pero qué dilatan, diría el ‘Maniaco’ Gutiérrez.

 

Aunque desde círculos oficiales el asunto pretendió ocultarse, no faltó quién lo hiciera público a través de las redes sociales. Y estalló el escándalo. Esas redes sociales, ya saben, son un desmadre.

 

Los funcionarios públicos implicados fueron aprehendidos, y posteriormente dejados en libertad tras el pago de una fianza cuyo monto se desconoce hasta el momento.

 

El asunto no fuera tan grave, si no es por el desagradable tufillo a delincuencia organizada que despide. Delincuencia organizada que opera desde el gobierno del estado, con sus funcionarios como integrantes de cárteles que suelen ajustar cuentas de la manera como lo hicieron esta vez.

 

Quizá por ello la contralora estaba tan nerviosa en esa entrevista que me tocó escuchar en la radio.

 

Ya su condición de ciudadana, el debate sobre si es o no empleada del gobernador y encubridora de sus trapacerías pasa a segundo término.

 

Lo que este caso de funcionarios extorsionadores exhibe es el descaro con que opera el aparato de Estado para asaltar a quien pueda ser ‘asaltable’.

 

Con lo que no contaban es que eventualmente, uno de esos ‘asaltables’ puede tener mejores conexiones, más arriba, que los propios funcionarios extorsionadores.

 

Y esto fue lo que sucedió en este caso que, me dicen, involucra directamente al procurador Carlos Navarro Sugich y al director jurídico del gobierno del estado, Carlos Espinoza, con cuentas pendientes entre sí, desde que ambos eran funcionarios menores.

 

Quizá por ello, María Guadalupe, la contralora, anda bien nerviosa. Hasta antes de esto, le bastaba con silbar alguna cancioncilla mientras volteaba hacia otro lado y tuiteaba intrascendencias o cebollazos al gobernador.

 

Ya no. En el ocaso del sexenio, María Guadalupe , tan pulcra ella, tan guapita, aparece como parte de esa delincuencia organizada que desde el gobierno del estado, han resultado unos verdaderos salteadores de caminos.

 

Ya no es suficiente decir que el señor Calderón Piñeiro, su cercanísimo empleado, haya presentado su renuncia. Eso es un truco viejo. Siempre que ‘atoran’ a un funcionario público por comisión de ilícitos, automáticamente aparece su renuncia firmada con días previos al hecho.

 

Con eso pueden pretender engañar a los ciudadanos.

 

A los que no engañan, es a los que también saben de esos viejos trucos, y que hoy se relamen los bigotes para echar mano, en el momento procesal oportuno, de todos esos expedientes que se siguen acumulando.

 

Quizá por eso el nerviosismo de una contralora cuya condición ‘ciudadana’ le duró lo que duran las paces entre cárteles intragubernamentales que, por lo visto, ya rompieron lanzas.

 

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