Pareciera que desde San Lázaro se envía la señal para Sonora: La bancada del PRI en San Lázaro, que con sus aliados hace mayoría para aprobar leyes, plantea "perdonar" a servidores públicos que regresen recursos que desviaron. De estos casos, aquí hay ejemplos grandotes, medianos y pequeños. Casi todos robaron. Y algunos de ellos y ellas, con fuero legislativo y partidista, piensan que sus delitos quedarán impunes. 

De acuerdo a esa propuesta, "en los casos de menor cuantía, en donde no hubo dolo, no haya obtenido un beneficio él ni su familia o socios y que el servidor público cubra voluntariamente el daño y/o perjuicio, no se inicie el procedimiento sancionador". Este es parte del texto de la iniciativa citado por el diario Reforma. 

Las leyes, invariablemente, se dictan en el centro del país y se decantan hacia los estados. 

Todo hace suponer que esta iniciativa se aprobará por la fuerza mayoritaria del PRI y sus aliados. Sólo resta esperar si aplica en Sonora y sus innumerables casos de corrupción comprobada. 

Lo que nos queda claro es que las actuales autoridades estatales batallan para comprobar los delitos que en la materia cometieron los ahora ex servidores públicos emanados del PAN. 

El motivo, que los ex funcionarios se asesoraron muy bien para cubrir sus huellas. 

En círculos regularmente bien informados se menciona que una de las mentes maestras que asesoraron a los hoy acusados por el pueblo para burlar, hasta ahora a la justicia, fue Antonio Castillo, hoy jubilado con nivel 14, conocido por sus habilidades y experiencia en la confección de presupuestos. 

Toño, dicen, logró subsistir en los altos niveles hacendarios, gracias al control de la información y saber maquillar cifras que no fueron detectadas por auditorías. 

O sea, les enseñó a ocultar transas. 

Por su experiencia hacendaria, acumulada desde los tiempos de Humberto Valdés Ruy Sánchez en la Secretaría de Planeación del Desarrollo, en el gobierno de Rodolfo Félix Valdés, Toño obtuvo buenos beneficios para transmitir su inteligencia a los novatos ex funcionarios, sacó una respetable jubilación de loo mil pesos mensuales y también habría hecho dinero coordinando las reestructuraciones de la deuda estatal, en tres ocasiones. Aquí se especula que por estas asesorías se llevó unos 4o millones de pesos. 

Con esas ganancias habría comprado una mansión en Casa Grande, adquirió elegantes autos, etc., etc. Su esposa, de apellido Penock, fue asesora financiera de Roberto Dagnino, con quien Toño también se habría asociado para hacer algunos negocios. 

Ese tipo de acuerdos, Castillo los complementaba con su chamba normal, de ordenar las cuentas públicas, elaborar cada seis años los planes de desarrollo, los presupuestos anuales, estadísticas y evaluaciones de todo. Hoy, Toño sigue en trabajos de asesoría por los que cobra la nada despreciable suma de 130 mil pesos mensuales. 

El conocimiento sobre modernización administrativa se cotiza muy bien. Y se cotiza mejor cuando se trata de ocultar huellas. Bien dice el conocido refrán: El buen asesino nunca deja huella.