Por Rodolfo Martínez.
El día de hoy la Fiscalía de Sonora anuncio con bombo y platillo la designación de María Fernanda Gámez Hernández, como la nueva fiscal de delitos electorales en Sonora.
Bajo el argumento de cumplir con todos los requisitos para su nombramiento (Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de derechos, contar con título profesional en Derecho, acreditar experiencia en el ámbito jurídico y no tener antecedentes penales por delitos intencionales), hasta ahí no existe problema.
Según su curriculum María Fernanda Gámez Hernández, originaria de Sonora, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y maestra en Juicios Orales por el Instituto del Occidente.
Fue defensora pública, adscrita a la Procuraduría General de la República, así como litigante en materia familiar y administrativa, así como asesora legislativa y jurídica durante la LXI Legislatura del Congreso de Sonora.
Sin embargo la fiscalía no mencionó que ella trabajó en el partido gobernante en la Subsecretaría del Bienestar, también fue Coordinadora del Área Jurídica de Morena, y peor aún fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, así como el Consejo Local del INE y ante la Comisión de Vigilancia Local del INE.
Así como también coordinó el Área Jurídica del Consejo Nacional de Morena, algo que compromete y pone en peligro la imparcialidad en Sonora, ya ella es militante, ha trabajado en el partido Morena y ha sido funcionaria en distintos niveles de gobiernos emanados por el partido mencionado anteriormente.
Y Morena hizo lo suyo para imponerla, aprovechándose de tener una mayoría apabullante en el congreso para mañosamente hacer la votación de manera urgente, para así acabar con la poca de imparcialidad que quedaba en las instituciones electorales.
Así Morena descaradamente busca apoderarse de todas las instituciones autónomas para poderlas controlar a su gusto e intereses, condenando a muerte a la democracia en Sonora y México.