El diputado Gildardo Real Ramírez anunció que el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Sonora solicitará una comisión especial para investigar la concesión del servicio de alumbrado público y demandó a la alcaldesa Célida López que rescinda el contrato con la empresa concesionaria.

En rueda de prensa, coordinador de la fracción parlamentaria panista, dijo que el trabajo de la Comisión Especial será revisar el contrato de concesión del servicio de alumbrado público que hizo la anterior administración encabezada por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez con el Grupo Construlita Lighting International S.A de C.V., donde se comprometió los ingresos de impuestos como el predial por un término de 15 años y que hoy la empresa está pretendiendo intervenir dichas cuentas para “cobrarse a lo chino”, como denunció la misma Célida López Cárdenas.

El legislador destacó que no es posible que la anterior administración haya comprometido los ingresos de los ciudadanos por tanto tiempo, por lo que solicitó a la administración de Célida López Cárdenas terminar con dicho convenio.

“Si eso está pasando quiere decir que el contrato que se celebró la administración pasada se comprometió parte de esas contribuciones, el predial, y eso no puede estar pasando, es irresponsable comprometer los recurso de los hermosillenses por más allá de la administración en que estaba de titular. Mi visión personalísima es pedirle a la presidenta municipal de la manera más humilde, que rescinda, que cancele, que revoque ese contrato y ya veremos las consecuencias, evidentemente son consecuencias de carácter legal pero ella va con el soporte de los panistas para hacerle frente a esta situación”.

Real Ramírez señaló que parte de su planteamiento es convocar a los representantes de la empresa que manejan la concesión del alumbrado público para que informen sobre el status del procedimiento, así como al exalcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y todos los funcionarios involucrados en este caso que aclaren todo este problema que daña a los hermosillenses y que se lleve todo hasta las últimas consecuencias.

“El ISAF es el que sanciona, es el que observa y de ser causa grave se va a llevar a cabo una comisión especial y es el Tribunal de Justicia Administrativa quien sanciona, si incurren en alguna responsabilidad, los concesionarios no pueden participar en ninguna prestación de servicios de gobierno en Sonora pero además un resarcimiento del daño patrimonial causado”, apuntó.

Dijo que “en el caso de los funcionarios se traerá el caso al Congreso del Estado y se le interpondrá un juicio político al ex presidente municipal Maloro Acosta y a los funcionarios que estuvieron involucrados en tal irresponsabilidad de comprometer nuestras contribuciones principales y cuya empresa presta un pésimo servicio y con un evidente acto de corrupción”.

La solicitud de la Comisión Especial se hará antes de que inicie el periodo de sesiones para que en el mes de febrero cuando los trabajos legislativos comiencen el tema sea debatido de inmediato.

Proyecto Puente