Señala que la Jueza Lilian del Carmen Peña Peña, y la secretaria de acuerdo Daniela Denisse Soto Miranda, son quienes en lugar de actuar en beneficio de los niños, actúan a favor del padre, a quien le permitieron lanzar a sus hijos a la calle, además de fijar una pensión de solo 1800 pesos quincenales, sin importarles que eso no es suficiente para alimentación, vestido y vivienda, además de ser obligada a  transportarlos a la ciudad de Hermosillo para convivencia.

De hecho solo para asistir a convivencias que fueron pactadas en UNACARI, gasta al menos 500 pesos en gasolina, 400 pesos en alimentación y 200 pesos para que le cuiden los niños en Hermosillo para ir a trabajar, una erogación de al menos 1100 pesos cada 15 días, teniendo que desembolsar al menos 2200 pesos mensuales, solo  para trasladarlos de Guaymas a Hermosillo, para la convivencia.

Además de señalar que en caso de que no cuente con automóvil, por descompostura u otro motivo, tiene que gastar solo en camiones 820 pesos (170 pesos por cada pasaje de adulto y 120 por cada de niño, ocupando pagar 2 boletos de adulto y 4 de niños) además que tiene que pagar taxis o camiones y la comida le sale mucho más cara.

Eso no le interesa a la jueza, quien sabe bien la situación y le fijó una pensión que luego de cubrir los gastos que tiene que realizar para llevar a convivencia a los niños, solo le quedan 700 pesos para los demás gastos.

Como se puede apreciar en la gráfica el señor Javier Alberto gana lo suficiente como para que la jueza le haya fijado una pensión de tan solo 1800 pesos quincenales, más aún al estar al tanto de las erogaciones extra que realiza al asistir a convivencia con su hijos, lo cual absorbe más de la mitad de la pensión.

Todo esto deja sospechas de que las funcionarias mencionadas anteriormente reciben soborno de influyentes abogados que trabajan para su ex pareja, quienes han hecho todo lo posible para afectar económica y psicológicamente a ella y esto ha impactado en sus hijos.

hace hincapié en señalar que ella ha sufrido todo tipo de amenazas por parte del padre de los niños, por lo que levantó denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Sonora, al ser víctima de Acoso, amenazas, agresiones físicas y psicológicas contra ella y familiares, llegando a acudir al domicilio de sus familiares a amenazarlos, por lo que le fue otorgada una orden de restricción en contra de este agresivo sujeto, por poner en peligro la integridad de ella y sus hijos, pero eso al Juzgado de nada le ha importado, por lo que utilizando medidas de apercibimiento la están obligando a llevar a sus hijos a convivencia, a pesar de que ellos le tienen mucho miedo a su padre. Esta situación ya ha sido documentada, ya que existen 3 valoraciones psicológicas a favor del menor donde demuestra el daño que le ha causado la violencia que se ha venido ejerciendo indirectamente y piden que haya una suspensión de visitas o videollamadas por afectación posterior.

Además de que su ex pareja al ser trabajador de la salud, y trabajar directamente con personas contagiadas de COVID-19, teme que infecte a sus hijos al convivir con él, sin embargo la jueza minimiza el asunto, argumentando que los niños en cualquier lugar corren riesgo de contagio.

La denunciante señaló que ha ido al Instituto de la Mujer, a Derechos Humanos y a la Fiscalía y nadie le ha brindado el apoyo para recuperar la vivienda de sus hijos.

Tan grave es la situación que su hijo de tan solo 10 años sufre de una grave depresión, que lo ha orillado a intentar atentar contra su vida, y debido a la violencia emocional y física de la cual ha sido víctima, teme y se niega a convivir con su padre, con quien además pesa una orden de restricción 

El niño menor de 10 años, quien ha sido víctima de maltrato y agresiones físicas por parte de su padre y esto fue constatado por psicólogos en tres valoraciones, sin embargo esto de nada le ha importado  a la Jueza por corrupta.

Además la denunciante señaló que su ex pareja estuvo más de 3 años sin otorgarles pensión alimenticia a sus hijos menores, sin embargo el Juzgado actuando a favor de su ex pareja, ha hecho prácticamente borrón y cuenta nueva, ya que no le hicieron válido el adeudo.

La afectada señaló que en la vivienda en mención ella tenía habitando 11 años, y es el único hogar de sus hijos menores, pero al no tener quien le ayude a cuidar a sus hijos para ir a trabajar tuvo que irse a vivir a la casa de sus padres en la ciudad de Guaymas, aprovechando Javier Alberto, para cambiarle chapas y candados a la vivienda, para despojarle de la misma.

También denuncia que le impiden revisar el expediente, ya que nunca tiene acceso a él, al nunca estar disponible en el archivo, al preguntarle el porque no está disponible,  la Jueza y la secretaria de acuerdo siempre se justifican que el expediente está en acuerdo, lo están ocupando, sin antes dejar de mencionar que los expedientes están bajo resguardo en la oficina de la juez y del encargado del archivo, y que esos expedientes sólo los manejan las dos personas antes mencionadas.

Anexo la orden de restricción y un citatorio del orden penal contra su hermano, a quien denunció penalmente por ayudar a Gloria para sacar de su viivenda muebles de sus hijos.