Como oportunamente se informó, aquella obra con recursos federales debió localizarse al Sur de la Ciudad --esquina surponiente de la Unidad Deportiva Municipal-- e incluso, hasta en dos ocasiones estuvo allí el mandatario estatal y colocó par de “primeras piedras”. Jamás se concretó.

Por tal razón y presumiendo cuantioso daño patrimonial al Municipio de Guaymas, el ex regidor y secretario de la asociación civil “Guaymas Tu Puerto”, Víctor Roberto Parra Maldonado, interpuso denuncia ciudadana ante la entonces contralora Graciela Iveth Guerrero Padrés, quien la registró bajo expediente CMQ/552012.

Al asunto le dio seguimiento el actual titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Héctor Hernández García quien, luego de varios citatorios no atendidos por Lizárraga y Alexandres, resolvió el pasado 30 de junio del 2014, resultándoles responsabilidad administrativa al ex presidente municipal y a su asesor de cabecera.

Tal resolutivo se elevó al área de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, donde el licenciado Carlos Enrique Coronado Flores les dictó la inhabilitación y multa económica ya descrita.

Cabe indicar que Lizárraga Hernández y algunos de sus ex colaboradores acumulan varias decenas de años de inhabilitación y millonarias sanciones por casos ya resueltos; entre otros se citan el desvío de asfalto donado por Petróleos Mexicanos, contrato de arrendamiento puro de luminarias con empresa Miffel y, varios expedientes más.

Para los diversos expedientes les resultó cita a todo el cuerpo colegiado edilicio de la administración municipal --de extracción panista-- 2009-2012, así como a los anteriores contralores y ex director de obras y, otros funcionarios de primer nivel. La mayoría atendió requerimientos y se defendieron exitosamente, lo que no fue el caso del titular de la Comuna y su asesor.

El contralor Hernández García resaltó la importancia de que Lizárraga y Alexandres aparezcan en la página oficial de “Funcionarios Sancionados del Gobierno del Estado de Sonora”, ya que ello fortalecerá las demandas penales interpuestas ante agencias del Ministerio Público de los fueros común y federal.

En tales expedientes el contralor es coadyuvante para la integración de las respectivas investigaciones, sosteniendo que, en todos los casos, se obtendrán las respectivas órdenes de aprehensión.